¿PUERTOS TOMADOS?
En las últimas semanas se ha repetido como letanía el riesgo de
militarización de los puertos que representaría la puesta en vigencia del D.L.
1147, el cual fortalece a las Fuerzas Armadas y otorga a la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) responsabilidades que, según los
gremios empresariales, son netamente comerciales y no de seguridad.
Estas funciones son: otorgar permisos de uso de áreas acuáticas,
apertura y cierre de puertos, así como el establecimiento de tarifas por
inspección de naves no por costo del servicio, sino por tamaño del cliente, lo
que quiere decir que el control del tráfico portuario dejaría de ser función de
la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y con esta acción se le quita el 80% de
sus funciones, según el Consejo de Usuarios de Ositrán.
Sin embargo, el vicealmirante Edmundo Deville, director general de
Dicapi, explica que tal afirmación no es cierta: “al contrario, con este
decreto se busca reforzar a la APN, la cual considero ha cumplido una excelente
labor en la promoción de la modernización de nuestro sistema portuario, pero a
pesar de ello hay cosas que deben ser puestas en orden”.
Esas cosas que aún falta ordenar, de acuerdo con el vicealmirante
Deville, tienen que ver con el control del tráfico acuático que, según afirma,
es función de su institución y no de la APN.
“Porque el objetivo es hacer un control para que no haya carga en las
embarcaciones que ponga en riesgo el mar”, explica.
También dice que la APN trata de regular el trabajo de buceo que es un
tema de seguridad y que, incluso, quiere tener la potestad de abrir y cerrar
caletas pesqueras, “que nada tiene que ver con la promoción de la inversión en
infraestructura portuaria”,
expresa. El Comercio
No hay comentarios:
Publicar un comentario